Alerta por productos sin registro

Sábado, 12 Ago, 2017

Este viernes, durante una conferencia conjunta, autoridades de la Cofepris y el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, informaron sobre los resultados de los operativos realizados por la Comisión, en 14 establecimientos en Playa del Carmen y 17 en Cancún, los cuales dieron pie a la suspensión de actividades de dos comercios, el aseguramiento de 344 litros de bebidas alcohólicas, por encontrarse en condiciones sanitarias inadecuadas.

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró, en la zona norte del estado, unos 40 mil litros de bebidas alcohólicas elaboradas con malas prácticas sanitarias y por carecer de los insumos necesarios para su correcta producción.

Asimismo, se advirtió que no se ha presentado ante dicha comisión la información que compruebe la seguridad, calidad y eficacia de estos productos, por lo cual "se desconocen las condiciones de su fabricación y los efectos que pueden tener", pudiendo convertirse en un riesgo para la salud.

En un comunicado, expuso que no cuenta con evaluación y se ofrece al público, a través de televisión, como producto para prevención y tratamiento de enfermedades y aseveró que no tiene registro sanitario, ni estudios que garanticen su seguridad, calidad y eficacia de uso. A la Pomada de Glucoajo se le atribuyen cualidades terapéuticas principalmente para aliviar dolores y tratar la artritis reumatoide.

La Cofepris ya investiga para localizar al fabricante y distribuidor de estos productos.

El director de Regulación Sanitaria del ISSEA, Octavio Jiménez Macías recomendó a la población no adquirir ni usar la marca "Glucoajo C2", así como cualquier otro "producto milagro" y en caso de haberlos adquirido o usado, favor de notificar a la Cofepris al teléfono 01-800-033-50-50 o al ISSEA, al 9-10-79-66 y 9-10-79-00 extensión 7365.

Continuarán las acciones de vigilancia para evitar la venta de productos que puedan representar un riesgo a la población, a través de la clausura de establecimientos que los distribuyan o comercialicen, y asegurando los productos ilegales, así como imponiendo las sanciones administrativas que resulten procedentes, las cuales pueden ser superiores al millón de pesos por infringir la regulación sanitaria vigente.