La ONU habla de "elementos de genocidio" contra los rohinyás

Miércoles, 06 Dic, 2017

El Alto Comisionado se suma así a la preocupación que suscita el proyecto de ley en un amplio abanico de instituciones, organizaciones y especialistas, entre ellos el Colectivo Seguridad Sin Guerra, que aglutina a casi 300 organizaciones civiles y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman federal).

"La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada", comentó Zeid en una declaración.

"La ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria", remató.

"Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada".

La Cámara de Diputados, bajo el respaldo de la coalición PRI, PVEM y NA, aprobó la semana pasada el dictamen sin debate por lo que su avance en el Senado podría concretarse si legisladores del PRI, PVEM y los llamados "rebeldes" del PAN votan en el mismo sentido.

Igualmente teme que la Ley de Seguridad Interior conduzca a un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Zaid mencionó que durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, aunque también recuerda que se comprometieron a los militares por policías mejor preparados.

La legislación también "carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza".

La estrategia recomendada por la ONU sugiere "fomentar la seguridad ciudadana" y aplicar normas internacionales de derechos humanos, investigar violaciones y "garantizar la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas".

Por esto, pidió que en lugar se proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, se lleve llevarse a cabo un debate con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil mexicana.

La ley, que legaliza el papel de las fuerzas en tareas de seguridad pública, es considerada por organismos civiles de derechos humanos en México como "inconstitucional" y creen que se convertirá en un "arma política" contra la oposición. Los escuchamos. Es una inquietud que por supuesto se llevará a comisiones, que serán coordinadas por la senadora Cristina Díaz. "En eso estamos, en el interés de escuchar estas propuestas tan claras de la sociedad civil y de cualquier otra persona interesada, por supuesto", informó Ana Lilia Herrera.