
El PRI llevó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el presunto caso de lavado de dinero que involucra del candidato presidencial de la coalición "Por México en Frente", Ricardo Anaya, al que acusó de generar presiones "políticas y mediáticas" contra las instituciones de procuración de justicia, para no responder a las acusaciones que le rodean.
Luego de una reunión en Washington este lunes con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, Ruiz Massieu condenó la presentación de una denuncia por parte del Partido Acción Nacional (PAN) contra el gobierno federal ante el organismo continental.
Ruiz Massieu expreso tras la reunión que se extendió por más de una hora, que el Secretario General recibió con beneplácito el expediente, Nos ha manifestado que le dará curso a nuestra petición y así mismo nos ha manifestado su deseo de que las instituciones democráticas se fortalezcan y no se debiliten.
La dirigente priísta solicitó que se hiciera llegar una copia de la misiva, así como del expediente adjunto, a los representantes que integran el Consejo Permanente, a los países Observadores y al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) para que, en su caso, emita un pronunciamiento al respecto. Igualmente, la secretaria general del PRI, solicito a Almagro compartir la información con el jefe de la misión de la OEA que será el encargado de la misión de observación de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el mes de julio.
"Es muy grave que, en virtud de intereses electorales y para evadir sus responsabilidades ante la ley, se pretenda manipular a la opinión pública, usando y abusando de la OEA, una organización indispensable para nuestra región, de la cual México ha sido siempre uno de sus principales impulsores, defensores y colaboradores".
"Se puede crear un precedente para que cualquier persona, señalada por un acto ilegal, busque utilizar una candidatura para obtener un fuero de facto que inhiba la acción de la autoridad, y que impide la rendición de cuentas ante la ciudadanía", indicó."Esto significaría un retroceso mayúsculo para la sociedad mexicana en términos de la lucha contra la impunidad", señaló.
La evidencia entregada al secretario de la OEA, muestra como Anaya se benefició con casi 54 millones de pesos, producto de un esquema de lavado de dinero y paraísos fiscales.
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