El papa expresa su cercanía a Ecuador tras asesinato de equipo periodístico

Lunes, 16 Abr, 2018

Esos operativos suelen hacerse con mucha reserva y trasciende poca información. El jefe del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, se anticipó a pedir comprensión sobre la "naturaleza confidencial de gran parte de la información".

"Le expresamos nuestra solidaridad al Presidente Lenin Moreno, quien hubiera debido estar aquí presente en su primera cumbre, pero tuvo que regresar a su país por este condenable hecho", dijo.

Entretanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, más temprano este viernes condenó desde Lima, Perú, el rapto del equipo periodístico del diario El Comercio, en Ecuador.

El periodista Javier Ortega, de 36 años; el fotógrafo Paúl Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, fueron secuestrados en la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia cuando realizaban un reportaje sobre la creciente inseguridad en la zona desde enero.

El CICR confirmó en un comunicado que recibió una solicitud de Colombia, Ecuador y de las familias de las víctimas para recuperar los cadáveres.

El organismo agregó que también el "grupo liderado por Guacho", responsable del crimen, le solicitó colaborar con la entrega.

Las autoridades de los dos países acusan a Guacho del triple asesinato que golpeó a la prensa de Ecuador, por lo que en conjunto ofrecen una recompensa de 230.000 dólares para lograr su captura.

Moreno habló después de que una fecha límite de 12 horas terminó cuando los captores no demostraron que los rehenes seguían con vida. Se les perdió el rastro cuando ingresaron a la zona de Mataje.

El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, que llegó a Quito con las máximas autoridades militares y policiales de su país, informó que del lado colombiano se lanzaron operaciones "desde Tumaco y Cali", en el suroeste.

El catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) añadió que una política militar contra las drogas puede desatar una gran pérdida de vidas humanas, secuestros y extrema violencia como sucedió en México en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

Esta violencia es una secuela del acuerdo de paz que condujo al desarme de las FARC, organización que controlaba territorios que ahora están en disputa entre desertores rebeldes y bandas de origen paramilitar.