Imputa cargos a 20 personas por corrupción en Reficar

Sábado, 09 Jun, 2018

El auto de imputación de responsabilidad fiscal fue emitido por la Contraloría General de la República luego de haber comprobado la existencia de daño fiscal por la pérdida de las inversiones realizadas en la Refinería de Cartagena durante 2011 a 2015.

En medio de la entrevista indicó que esta decisión establece el mayor detrimento patrimonial del Estado en toda su historia, cuatro veces mayor al fallo de Saludcoop del año 2013.

Javier Noguera, delegado investigador en la unidad anticorrupción de la Contraloría, dio detalles de la investigación de dicho organismo con el fin de imputar a la junta directiva de Reficar y al expresidente de Ecopetrol Genaro Gutiérrez por detrimento patrimonial.

La entidad pudo determinar que de los 4500 millones de dólares adicionales, por lo menos 3500 millones se habrían destinado a financiar mano de obra adicional ocasionada por la baja productividad en la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas, oportunas y efectivas. "La Refinería inicialmente planeada por un valor de 3.777 millones de dólares, terminó costando 8.326 millones de dólares", sostiene el órgano de control.

El Despacho del Contralor Delegado Intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción también ordenó investigar, en proceso separado, el lucro cesante ocasionado por la entrada tardía en operación por los problemas en la construcción de la refinería, por una cuantía de 1936 millones de dólares.

Y con responsabilidad fiscal solidaria, la Contraloría imputó a Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reinos Yanes, expresidentes de Reficar; Magda Manosalva, exvicepresidente Administrativa y Financiera de Reficar; Carlos Bustillo Lacayo y Andrés Virgilio Riera Burelli, exvicepresidentes de proyecto de Reficar, y a César Luis Barco García, director Corporativo de Proyectos de Ecopetrol.

También se encontraron irregularidades como la compra de una póliza de US$1 millón para asegurar que se cumpliera el contrato con CB&I, el grupo de empresas que estaba a cargo de realizar la obra, y también se firmaron los acuerdos MOA y PIP en 2014 "para pagarle a CB&I las facturas sin restricciones ni controles".