Revés judicial para Argentina por la expropiación de YPF

Jueves, 12 Jul, 2018

El fallo se produjo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la misma que avaló las decisiones de primera instancia de Thomas Griesa en el "Juicio del Siglo" contra los fondos buitre.

En la fase de liquidación de las dos sociedades de Esquenazi, la administración concursal designada por el Juzgado Mercantil número tres de Madrid, el despacho Alas, planteó la posibilidad de que, si Repsol había logrado una indemnización por la expropiación de YPF -la multinacional española consiguió en 2014 un acuerdo con el Gobierno argentino por el cual recibiría 5.000 millones de dólares- también las sociedades del grupo Petersen debían tener derecho a una compensación.

Ahora el Gobierno podrá apelar ante la Corte de los Estados Unidos en busca de trasladar la controversia a los tribunales locales, aunque las perspectivas no son las mejores.

En 2015, Burford compró las empresas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, para demandar a la Argentina porque no se le hizo una oferta por esas acciones al momento de estatizarla. Aunque a partir del fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el juicio seguirá adelante en los Estados Unidos, con resultado impredecible. Con este instrumento instaría a la Justicia norteamericana a investigar al fondo buitre y determinar cómo fue el proceso de privatización de la compañía previo a la nacionalización. No se trata propiamente de un fondo "buitre", sino que invierte en asuntos legales.

No obstante, el más trascendente de los anuncios es que esa venta fue para financiar la compra del 70% del litigio de Eton Park, el que era tercer accionista más grande de la petrolera de bandera.

Hace poco más de un año, en abril de 2017, Burford informó que vendió un 15 por ciento de esa participación -por la que ahora reclama U$S3.000 millones- en 66 millones de dólares. Por lo tanto, el porcentaje restante de la demanda es propiedad de un tercero, quien podría recibir alrededor de u$s2.250 millones si gana la demanda por la suma actualmente reclamada.

Las legisladoras de la Coalición Cívica que denuncian la operación, afirman que consistió "en un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".

El Gobierno recibió malas noticias judiciales desde los Estados Unidos.

La demanda, en los papeles, fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF.