Fiscalía allana domicilio de exjuez César Hinostroza | ACTUALIDAD

Jueves, 08 Nov, 2018

El Gobierno de Perú designó hoy al procurador Amado Enco para defender los intereses del Estado en el proceso de extradición desde España del exjuez del Supremo César Hinostroza, detenido en ese país a raíz de una denuncia por presuntamente liderar una organización criminal en la judicatura peruana.

Tras ello, la defensa legal del exjuez supremo tendrá el uso de la palabra para rebatir los argumentos de la fiscalía, agregó.

La audiencia será presidida por el juez José Luis Lecaros y el tribunal está integrado además por los magistrados Manuel Quintanilla, Jorge Castañeda, Estela Pacheco y Aníbal Bermejo.

El tribunal supremo -que adoptó su decisión en 24 horas, tras la audiencia de requerimiento oral de la extradición-, dispuso también remitir los actuados al Ministerio de Justicia por intermedio de la Corte Suprema de Justicia, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación.

Contra Hinostroza Pariachi pesa 36 meses de prisión preventiva, medida dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en la investigación por patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y pertenencia a una organización criminal.

Aunque reconoció que el proceso de extradición puede demorar, al menos, un año, Enco destacó la predisposición de las autoridades judiciales de España para dictar la detención de Hinostroza ante las acusaciones de la Justicia peruana.

Hinostroza, que presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, era el juez de mayor entidad de "Los cuellos blancos del puerto", nombre de esta amplia red de tráfico de influencias, favores y prevaricación de la que también participaban políticos y empresarios.

Perú debe sustentar en Madrid el pedido de extradición en un plazo de 80 días contados a partir del 19 de octubre, fecha en que fue detenido por la Interpol en Navalafuente (Comunidad de Madrid), después de haberse fugado de su país el 7 de octubre, a pesar de tener una orden de arraigo.

El 4 de octubre, el Congreso lo destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos.