Autoridades venezolanas garantizan defensa de la soberanía

Viernes, 11 Ene, 2019

En ese sentido, el Parlamento señaló hoy que todos estos países deberían tener "una posición más equilibrada e imparcial" con respecto a la controversia limítrofe entre Venezuela y Guayana, que reclaman la soberanía del Esequibo, un territorio rico en recursos que supone dos terceras partes del segundo país. "Estas pruebas serán consignadas a las Naciones Unidas por esta insólita provocación por el Gobierno de Guyana, solo especificaron que el Gobierno de Guyana fue quien los autorizó", indicó.

Durante una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, la funcionaria expuso supuestas "pruebas" con conversaciones entre la Armada venezolana y el personal de los buques de la Exxonmobil.

La vicepresidenta aclaró que aunque no se abordó el buque, si se hubiese hecho si seguían en territorio venezolano.

De acuerdo con la vicepresidenta, esto probó que reconocieron que no estaban en aguas guyanesas.

Rodríguez además denunció que la empresa Exxon Mobile habría intentado pagar una suma de 20 millones de dólares al Gobierno de Granger para demandar a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. "¿Quién le da legitimidad a estos Gobiernos lacayos del Grupo de Lima de darle órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?".

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La vicepresidenta alegó, que los que están implicados en esta tragedia "son unos apátridas que venden y regalan al país".

Agregó que se trata de una acción ilegal que atenta contra la soberanía de Venezuela.

Luego de que Venezuela levantara la voz en diferentes escenarios internacionales, como la IX y X Conferencia Interamericana, en 1962 llevó el caso a la Asamblea General de la ONU, hasta que el 17 de febrero de 1966 se firmó el "Acuerdo para la Resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre la Frontera entre Venezuela y Guayana Británica", mejor conocido como Acuerdo de Ginebra.

Estados Unidos anunció sanciones contra siete personas y 23 entidades de Venezuela como parte de su empeño por destruir el proceso revolucionario en ese país sudamericano.